La empresa estatal Enarsa
ordenó el desvío y cancelación de cargas de Gas Natural Licuado hacia los dos
puertos regasificadores argentinos la semana pasada. El más afectado resultó el
de Bahía Blanca, según publicó la
agencia Reuters, por las dificultades que
presenta Escobar para afrontar esas decisiones. La misma fuente reveló que
Enarsa “ya ha cancelado dos envíos de GNL así como tiene postergadas
importaciones de otros proveedores”, en el marco de negociaciones pendientes en
un momento en el que el mercado presenta sobreoferta y como consecuencia, los
precios bajan.
En el puerto de
Ingeniero White, se anunciaba para
este fin de semana la llegada al muelle de Compañía Mega del
buque Methane Alison Victoria, que había cargado 55.000 toneladas de GNL en
Trinidad y Tobago y debía descargar en White. Sin embargo, hasta el sábado, el
sitio Marine Traffic ubicaba al metanero en proximidades de la costa occidental de África.
Para este lunes, está anunciado el arribo a Mega del Yenisei River, con igual
carga y origen. En este caso, el sitio especializado en el movimiento de buques ya lo muestra en
proximidades del estuario de Bahía Blanca.
Esta serie de
cancelaciones y desvíos, coincide con una publicación de
Perfil de este domingo en la que se asegura que estarán
demoradas, al menos por diez días, otras adquisiciones de cargamentos. Lo
atribuye a una denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción, en la que
involucra al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, con la
contratación de remolcadores para hacer ingresar a puerto a los metaneros.
Según la demanda, resultarían favorecidos los mismos actores que habrían
posibilitado el pago de sobreprecios a través de Enarsa, cuando ese organismo
dependía del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Coincidentemente, el jueves se realizó un par
de procedimientos judiciales en dos agencias marítimas cercanas a
Puerto Galván, en el marco de la causa que instruye el juez federal Claudio
Bonadío y en la que se investiga si se abonó ese plus en varios cargamentos.
En julio pasado, el ministerio de Energía
informó que había logrado “una sustancial rebaja en dólares en la cotización
ofrecida para el servicio de remolcadores de acompañamiento y maniobras de los
buques metaneros en las terminales de Escobar y Bahía Blanca”. Según publicó en
su sitio web, la disminución para el caso
local era del 36%. Esa decisión se la vinculó con la investigación que lleva
adelante Bonadío y otra similar que instruye el juez federal Ariel Torres y tal
rebaja se habría logrado
sacando del medio a la firma Trans Ona, a
la que ligan con el gremialista, ex titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez. En
su lugar, ingresó al negocio la firma Logística y Servicios Marítimos, una
joint venture entre el gigante Maersk y la argentina Marítima Meridian. Es
precisamente, la ganadora de esta licitación, la que en su publicación
de este domingo, Perfil liga con el esquema
de sobreprecios que se habrían pagado a partir de 2008, cuando comenzó el
proceso regasificador.
Las causas por
investigación de sobreprecios en la compra de GNL no se agotan en los juzgados
de Bonadío y Torres. En el mismo complejo de Comodoro Py 2002 en el que ambos
magistrados trabajan, el juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye otra en
la que está involucrado el ex CEO de YPF, Miguel Galuccio. Es
que a partir de su ingreso en la petrolera y la decisión de ex ministro de
Economía Axel Kicillof, las compras de GNL dejaron de estar en la órbita de De
Vido y pasaron a la de YPF.
Sobre el procedimiento
del jueves pasado en las agencias marítimas de Galván no hubo información
oficial. Es de esperar que el resultado haya sido mejor que el que tuvo lugar
en abril pasado en la Capital Federal, donde los investigadores allanaron un lugar
equivocado.
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